En la exposición de motivos de la iniciativa, UPyD señala que “el sector de los Centros Especiales de Empleo da trabajo a casi 70.000 trabajadores con discapacidad” y destaca el “esfuerzo” de este colectivo “por mantener el empleo durante la crisis económica actual, gracias a sus constantes mejoras en materia de competitividad”.

 

El objetivo de la iniciativa, añade, es que los Centros Especiales de Empleo “vean simplificados sus trámites de calificación y registro, necesarios para poder actuar en el mercado”. Por consiguiente, UPyD propone que puedan operar en el mercado español “con menores trabas administrativas”.

 

Además, explica en el texto, UPyD defiende que “los Centros Especiales de Empleo que operan en varias autonomías no precisen obtener una calificación” en cada comunidad autónoma, “como ocurre ahora”.

 

Así,la proposición de UPyD busca que el Congreso de los Diputados inste al Gobierno a promover medidas “para facilitar las actividades de los Centros Especiales de Empleo para personas con discapacidad en todo el territorio nacional”.

 

Reclama al Gobierno a hacer que los Centros Especiales de Empleo que tengan “un ámbito territorial superior a una comunidad autónoma” sean “calificados e inscritos” en el Registro por el Servicio Público de Empleo Estatal. “Dichos centros podrán operar con dicha calificación en todo el territorio nacional” y “se creará un Registro Estatal de Centros Especiales de Empleo”, reza la proposición de UPyD.

 

 

Asimismo, pide que las empresas que se acojan a las medidas alternativas para cumplir la obligación de reserva de empleo en favor de las personas con discapacidad puedan celebrar un contrato mercantil o civil con un Centro Especial de Empleo “inscrito en cualquier registro”, estatal o autonómico, “aunque no coincida con lugar de domicilio de la empresa”.

 

Otra de las propuestas que recoge UPyD en su iniciativa consiste en que las donaciones o acciones de patrocinio recibidas por una fundación o una asociación de utilidad pública se destinen a acciones de formación profesional, de inserción laboral o de creación de empleo en favor de las personas con discapacidad, y que puedan ejecutarse “en cualquier lugar del territorio nacional, siempre que el objeto social de la entidad receptora lo permita".

 

"Las medidas estatales de políticas activas de empleo dirigidas a favorecer la inclusión laboral de las personas con discapacidad, incluidas las destinadas a Centros Especiales de Empleo, tendrán un contenido común mínimo en toda España, que deberá ser ejecutado por las comunidades autónomas”, señala el texto.

 

Una vez distribuidos territorialmente por el Estado los fondos aplicados a dichas medidas, “las administraciones de las comunidades autónomas deberán pagarlos a sus destinatarios últimos en el mismo ejercicio en el que se transfirieron por el Estado, respetando el contenido común mínimo regulado estatalmente”.